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2020

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¿Es una buena idea el ingreso mínimo vital? Esto dicen los estudios hechos hasta ahora

Afortunadamente, el Gobierno cuenta con una serie de estudios empíricos y experimentos que muestran las fortalezas y las debilidades de las rentas mínimas. La clave está en el diseño

Este artículo escrito por Javier G. Gorrín se publicó originalmente en El Confidencial el domingo, 17 de mayo de 2020.

En las próximas semanas el Gobierno de Pedro Sánchez anunciará la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, una renta mínima destinada a corregir los altos niveles de pobreza que hay en España. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló a España en un informe reciente porque las políticas redistributivas del Estado apenas logran reducir la desigualdad y son las segundas peores de Europa, solo mejor que en Italia. El problema de las transferencias sociales es que se centran, básicamente, en las pensiones, mientras que desatienden a los jóvenes y las familias. Para corregir esta situación, el Gobierno pondrá en marcha esta renta mínima que ya estaba en su hoja de ruta, pero que la crisis del coronavirus ha acelerado.

La semana pasada, Finlandia publicó las conclusiones de su experimento de renta básica tras dos años de estudio. La diferencia respecto a la ayuda que está preparando España es significativa, ya que en Finlandia se trató de una renta básica que se entregó por igual a las 2.000 personas participantes en el experimento, con independencia de su nivel de ingresos previo. Esto es importante, ya que la renta mínima que prepara el Gobierno de España se destinaría únicamente a las familias con bajísimos recursos.

Sin embargo, el experimento finlandés dejó lecciones importantes para España. La primera es que, desde el punto de vista social, la renta básica sirvió para mejorar la salud mental y el bienestar. “Los beneficiarios estuvieron más satisfechos con sus vidas y experimentaron menor tensión mental que en el grupo de control”, señala el estudio de conclusiones del experimento, “además, mostraron una percepción más positiva del bienestar económico”. La renta mínima que prepara el Gobierno también persigue estos objetivos, además de reducir la pobreza, por lo que estas transferencias serían efectivas.

Sin embargo, para salir de la pobreza no será suficiente con un ingreso mínimo, sino que será necesario que estas personas con muy bajos recursos tengan un trabajo. Para ello, es imprescindible que la renta mínima no genere trampas de pobreza, esto es, que no desincentive la búsqueda de empleo. Si los beneficiarios de una renta mínima se conforman con un pequeño subsidio, será muy difícil mejorar su situación económica.

El estudio de Finlandia también analizó los incentivos al empleo de su renta básica, de hecho, este era el principal objetivo del experimento: comprender cómo afectaba esta ayuda en el empleo. Lo que descubrieron los investigadores es que la propensión al empleo de los beneficiarios era muy similar al del grupo de control. La renta básica no consiguió estimular el empleo, pero tampoco lo desincentivó.

Sin embargo, el experimento finlandés tiene las limitaciones propias de un experimento, de ahí que puedan aparecer interpretaciones erróneas. En este caso, la renta básica tenía una duración de dos años, de modo que el desincentivo al empleo era muy bajo. ¿Qué habrían hecho todas estas personas si se hubieran pasado dos años en el paro cuando se les terminara la renta básica?

La realidad

Las limitaciones del experimento finlandés se pueden compensar con otras experiencias que no son ‘pruebas de laboratorio’, sino políticas reales. En España el mejor ejemplo es la renta de garantía de ingresos (RGI) del País Vasco. Se trata igualmente de una ayuda pública, financiada en este caso por la comunidad autónoma, que va desde 693 euros a 985 euros por unidad familiar en función del número de hijos. En este caso no es una renta básica, sino una renta mínima, esto es, beneficia únicamente a los hogares con menos recursos. En total, hay en torno a 52.000 familias beneficiarios.

Esta ayuda nació en 1989 dentro del plan de reconversión de la industria vasca. Se trata, por tanto, de una política consolidada cuya partida presupuestaria ha aumentado paulatinamente hasta la actualidad. De ahí que su estudio sea mucho más útil para el caso español. Las economistas que mejor conocen los efectos de la RGI son Sara de la Rica y Lucía Gorjón, de la Fundación Iseak, que han publicado diversos estudios sobre la misma.

La primera conclusión es que esta política es muy eficiente a la hora de reducir la pobreza: “En conjunto, la RGI reduce la brecha de pobreza entre los perceptores en un 85%, lo que supone un gasto mensual de algo más de 35 millones de euros”, escriben en un estudio publicado por Funcas.

En cuanto al incentivo al empleo, la situación cambia. “La salida mensual media a un empleo en el colectivo RGI asciende al 3%, frente al 9% del resto de los desempleados”, señalan en el estudio. Esto es, la propensión al empleo de los beneficiarios de la renta mínima es un tercio de la del resto de parados. Sin embargo, estos datos en sí mismos no dicen nada, ya que la composición de los dos grupos sociales es muy diferente. Los beneficiarios de la RGI son las clases más bajas, sin estudios ni recursos y que llevan mucho tiempo en el desempleo, justo aquellas personas que tienen más complicado encontrar un empleo.

Para evitar los problemas comparativos del efecto composición, las dos autoras corrigen las diferencias entre los dos grupos para que sean comparables. En este caso, observan que la renta mínima no genera ningún desincentivo al empleo. “La probabilidad de salida al empleo del colectivo RGI hubiera sido la misma si dicho colectivo no hubiera recibido ninguna prestación”, escriben en su estudio, “por lo que podemos concluir que la renta de garantía de ingresos no retrasa la salida al empleo. Es decir, las diferencias encontradas en la probabilidad de salida se deben únicamente a la diferencia en la composición del colectivo RGI y no al posible ‘efecto retraso’ de la RGI”.

Para reafirmar sus conclusiones, las dos autoras publicaron otro estudio en el que comparan el estímulo al empleo por grupos sociales. En este caso sí se observa una reducción en el empleo para determinados colectivos: jóvenes, mujeres y personas sin cualificación, grupos que habría que analizar en detalle para conocer las causas. En los jóvenes, la renta mínima podría ser un incentivo para elegir la formación ante el trabajo, de modo que el desincentivo en el corto plazo podría mejorar su situación en el largo plazo. Por el contrario, la renta mínima acelera la búsqueda de trabajo en los grupos de más de 30 años y de alta formación.

La renta mínima vasca no genera desincentivos al empleo. ¿Por qué? La clave está en su diseño

En conjunto, la renta mínima vasca no genera desincentivos al empleo. ¿Por qué? La clave está en su diseño. La ayuda no se termina cuando un parado encuentra un trabajo, sino que se mantiene como complemento de la renta salarial hasta que supera un umbral no inferior a los 1.000 euros. De esta forma, los beneficiarios tienen un incentivo a buscar un empleo y se evitan las trampas de pobreza.

El diseño de la RGI vasca sirve para reducir los niveles de pobreza, de modo que está bien dirigida y no crea trampas de pobreza, acompaña al empleo. Esto demuestra que es posible una renta mínima que realmente ayude a los hogares más necesitados.

Muy lejos del País Vasco, en Alaska, existe también otra ayuda social que ha sido ampliamente estudiada. En su caso es un ‘dividendo permanente’ para todos los ciudadanos de 2.000 dólares anuales financiado con los ingresos del petróleo. Esta política social se estableció en 1982 y desde entonces ha logrado importantes avances en la reducción de la pobreza, especialmente en las zonas rurales.

Sin embargo, los análisis del impacto sobre el empleo son más relevantes. Un estudio publicado por los economistas Ioana Marinescu y Damon Jones, en el NBER estadounidense, se centra en el impacto de esta transferencia sobre el empleo. Es importante señalar que, aunque supone una ayuda estatal generosa, no es suficiente como para mantener a una familia, de modo que no sustituye a las rentas salariales, sino que las complementa.

El estudio constata que, efectivamente, no tiene un desincentivo sobre el empleo. “Nuestros resultados sugieren que la transferencia universal y permanente no reduce significativamente el empleo total”, escriben los autores. Para elaborar el escenario contrafactual utilizan un estado sintético compuesto por estados con características similares a Alaska y analizan la evolución de su mercado laboral.

“La ratio de empleo en Alaska tras la introducción del dividendo es similar a la de los estados sintéticos de control”, explican. Sin embargo, sí detectan que el empleo a tiempo parcial es mayor en Alaska, lo que significa que la renta básica anual tendría un impacto indeseado sobre el tiempo de trabajo. La explicación es sencilla: 2.000 dólares al año no permiten dejar de trabajar, pero sí permiten trabajar menos tiempo.

Este efecto indeseado es fruto de la falta de diseño de esta política, ya que entrega la misma cuantía a todos los habitantes, independientemente de sus condiciones económicas, sociales y familiares. Una vez más, el diseño de las políticas públicas se revela clave para lograr la eficiencia.

La renta petrolera

Para Alaska, este efecto secundario es asumible, ya que el dividendo se financia fácilmente con las rentas petroleras. España, sin embargo, no cuenta con ninguna renta similar. Al contrario, tiene un déficit estructural que supera el 3% del PIB y un grave desequilibrio en su sistema de pensiones. De ahí que el ingreso mínimo vital sea también un grave problema para las cuentas públicas.

Para financiar los 3.000 millones de euros que costará la renta mínima, según los cálculos del Gobierno (unas cifras claramente prudentes), será necesaria una subida de impuestos de la misma cuantía. A lo que hay que sumar la subida pendiente para reducir el déficit estructural.

El buen diseño de las políticas no se limita a cómo se hace el gasto, también es clave determinar cómo se obtienen los ingresos

La situación financiera de las Administraciones Públicas es tan delicada que una medida de gasto permanente ahora mismo supone una losa más sobre la solvencia del Estado del bienestar. No solo eso, proponer una medida de gasto sin informar sobre quién tendrá que pagarla es una política cortoplacista que nada tiene que ver con la transparencia democrática.

El Gobierno ha puesto en marcha una serie de subidas de impuestos (IRPF y sociedades) y nuevas figuras tributarias (impuesto digital y financiero), pero estas medidas ya se plantearon en 2019 y su objetivo no es financiar las nuevas políticas, sino recortar el déficit público existente. El buen diseño de las políticas no se limita a cómo se hace el gasto, también es clave determinar cómo se obtienen los ingresos.