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2020

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Ingreso mínimo para familias vulnerables: ¿cuál es el problema?

Este post fue originalmente publicado en Nius Diario el viernes, el 17 de abril de 2020 y escrito por Cristina Montalvo.

Ingreso minimo vital
  • Muchos expertos reclaman una ayuda de emergencia para los hogares más afectados por los efectos económicos del COVID-19
  • El ministro de la Seguridad Social e Inclusión cree que una  solución temporal para las familias más vulnerables no tiene sentido

Imaginen un equilibrista sobre una cuerda a varios metros de altura. Bajo sus pies aparece una malla que impedirá una tragedia si tropieza. Eso es el ingreso mínimo vital (IMV), la última red de protección social para los más vulnerables.

Esta prestación existe en la mayoría de los países europeos pero no en España, a pesar de que contamos con una de las tasas de pobreza más altas de nuestro entorno.  El 21,5% de la población española está en riesgo de exclusión por sus bajos ingresos, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística).  

El PSOE y Podemos estaban de acuerdo en implementarla a lo largo de la legislatura, pero los efectos económicos de la crisis del COVID-19 han obligado al Gobierno a replantearse cómo y, sobre todo, cuándo hacerlo. Muchas y distintas voces, desde el vicepresidente Pablo Iglesias, al número dos del Banco Central Europeo (BCE), el exministro del PP Luis de Guindos, aseguran que el momento de actuar con una renta  es ahora.

La cuestión es: ¿una renta mientras dure el impacto del COVID-19 o una ayuda definitiva para reducir la pobreza? O dicho con sus nombres oficiales: ¿una renta de emergencia o un ingreso mínimo vital? La mayoría de los expertos cree que no hay tiempo para diseñar un IMV. Crear de cero una ayuda que no existe requiere de demasiado trabajo previo. Hay que hablar con las comunidades autonómas, crear mecanismos nuevos… La urgencia apremia. Pero desde el ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones se insiste: “se llegará. Es cuestión de semanas”. 

Cambio de planes con el COVID-19

Hace apenas mes y medio, antes de que nos encerráramos en casa por el coronavirus, José Luis Escrivá explicaba en el Congreso que su departamento estaba “empezando a diseñar” un ingreso mínimo vital. La idea era crear una renta mínima nacional para determinados colectivos y luego que cada región añadiera los complementos que le pareciera.

Porque actualmente existen 17 instrumentos de protección absolutamente distintos. Uno por cada comunidad, con nombres, criterios, trámites, coberturas, importes y duración diferentes. Una heterogeneidad que hace imposible, dicen los expertos, coordinar rápidamente la puesta en marcha del IMV. Y mientras las condiciones económicas de muchas familias se deterioran a marchas forzadas por la pandemia.

“Lo importante es que las ayudas lleguen a los más vulnerables cuanto antes. Para no dejar a nadie atrás hay que implementar un programa urgente de rentas mínimas de carácter temporal”, sostiene José Ignacio Conde Ruiz, economista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Fedea. Defiende una ayuda ágil y transparente en su concesión y que no encuentre trabas en la burocracia. “El papel relevante de las CC.AA debe ser crucial cuando se diseñe el ingreso mínimo vital de forma definitiva pero no ahora”, señala.

Coincide con él, Luis Ayala, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos. Ambos participaron en uno de los más importantes estudios sobre las rentas mínimas elaborado en los últimos años. Lo hizo la Autoridad Fiscal de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuando el actual ministro Escrivá era su presidente.

“Estamos empezando a conocer que hay situaciones de tanta urgencia social que no se puede demorar una ayuda. Es urgente poner una medida de emergencia, que no tiene porqué ser la definitiva”, asegura Ayala. Y añade que en un contexto como el actual, donde la necesidad va a crecer tan rápido, el conflicto competencial no puede ser esencial. “En la creación de una renta mínima definitiva sí que hay que acordar con las CC.AA. las condiciones de colaboración, porque el riesgo de no hacerlo sería crear una nueva prestación que estuviera muy desarticulada del sistema.”

¿Quiénes son los beneficiarios del IMV?

De lo poco que ha avanzado Escrivá sobre los detalles del IMV es el número de beneficiarios: tres millones de personas, en un millón de hogares, la mitad de ellos con niños y 100.000 monoparentales. “Sabemos que estos son en los que la incidencia de la pobreza es más importante”, dice Olga Cantó, profesora de Economía en la Universidad de Alcalá.

Esta experta en desigualdad, y partidaria también de una solución de urgencia ante la pandemia del COVID-19, cree que lo importante no es solo como se diseña la renta mínima estatal, atendiendo a los colectivos que ni siquiera saben como solicitarla o que están fuera de las bases de datos, sino la rapidez con la que se implemente.

“Hay otros países que en dos o tres días están pagando prestaciones a los afectados por el impacto del coronavirus. Nosotros en términos de gestión somos más lentos y nos tenemos que arremangar para que la gente no se encuentre con que no tiene dinero para comprar comida”.

¿Cómo se concede?

Aunque el ministerio no ha avanzado los criterios que estudia para conceder el IMV, muchos economistas ya avanzan como debería tramitarse una renta de emergencia. 

“Necesitamos que no haya muchas trabas administrativas y que se conceda de forma casi automática a quien la pida”, opina Lucía Gorjón, investigadora en ISEAK. Asegura que si a posteriori, con las comprobaciones pertinentes, se comprueba que la ha recibido alguien a quien no le correspondía, la administración puede solicitar su devolución en la declaración de la renta del año que viene.

“Podría tratarse una prestación mensual, que se renueve automáticamente, hasta que la economía se recupere. Idealmente debería encadenarse luego con una renta mínima diseñada con calma y que se perdure mientras se mantenga la situación de pobreza en el hogar”, opina Gorjón.

Algunos sectores del Gobierno, favorables a la aprobación inmediata de una renta de emergencia ya han avanzado algunas de las cifras que se barajan: 500 euros al mes que incrementarían en función de si hay niños en el hogar u otro adulto sin ingresos. 

Compatible con el empleo

En lo que están de acuerdo los expertos y el ministro de Inclusión y Seguridad Social es que cualquier propuesta tiene que ser compatible con el empleo.

No hay que generar desincentivos al empleo. Hay que organizar un sistema según el cual ,cuando vayas ganando horas de empleo, vayas perdiendo un porcentaje de prestación. Que se pueda compatibilizar, pero que al beneficiario siempre le interese trabajar”, explica Olga Cantó.

Ese sistema, de estímulos y vinculación con políticas activas al empleo, ya existe en el País Vasco y Navarra, y podría ser el camino a seguir. “Existen mecanismos que incentivan a las personas perceptoras a buscar empleo y a acceder a él. Por ejemplo, en Navarra, los empleos de duración inferior a 30 días o aquellos con un salario inferior a 300 euros no se tienen en cuenta y no reducen la cantidad de renta mínima percibida”, explica Gorjón. 

Renta de emergencia como ensayo  

Escrivá asegura que “aun quedan flecos” para llevar el proyecto al Consejo de Ministros, el impacto económico y laboral de la crisis del coronavirus se amplía con el mantenimiento del estado de alarma.

“A finales de 2019, antes de que pasara esto, ya había 565.000 hogares sin ingresos, ni de trabajo, ni prestaciones de la Seguridad Social, ni de desempleo. Y el gran problema que estamos viendo es la gran cantidad de personas que vivían al día, con pocos mecanismos de protección, y que trabajaban ya con ingresos por debajo del umbral de la pobreza”, explica Ayala.

Es precisamente esa situación la que muchos acuden para defender una actuación inmediata, la aprobación de una primera ayuda que puede servir además de experiencia para el IMV definitivo, un laboratorio en el que se podrían modificar los errores que se detectaran en los próximos meses.

Pero de momento, el responsable de ponerlo en marcha sigue con su hoja de ruta. “No tiene sentido una solución temporal. El trabajo que hay que hacer es el mismo”, insiste Escrivá. “Además la gente no entendería que fuera temporal”.