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La RGI evita que más de 61.000 personas caigan en la pobreza extrema en Euskadi

Un informe concluye que esta prestación ha sido determinante durante la última década para mitigar los efectos de la crisis económica.

Gipuzkoa se consolida como el territorio menos afectado.

Esta nota de prensa fue originalmente escrita por Jorge Napal y publicada en Noticias de Gipuzkoa el domingo, 3 de mayo de 2020.

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Foto: Jon Guezala

Donostia

A las puertas de una recesión económica sin precedentes por la parálisis del coronavirus, un informe que acaba de ver la luz subraya la extraordinaria importancia que cobra en coyunturas tan adversas la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la principal prestación económica mensual que atiende las necesidades de las personas que no disponen de los recursos necesarios. Este complemento ha evitado que 61.262 perceptores vascos no se hayan deslizado, definitivamente, por la pendiente de la pobreza más extrema durante los años más duros de la recesión.

La Fundación ISEAK ha publicado un informe analizando el impacto de esta prestación en la reducción de la exclusión y la desigualdad social en Euskadi. El informe se convierte en un documento muy elocuente sobre el rescate que supone esta prestación para miles de familias que se quedan descolgadas, algo que tristemente comenzará a visualizarse durante los próximos meses, toda vez que la crisis del coronavirus ha cogido prácticamente el testigo a la económica, de la que muchas personas todavía no habían salido.

Sin la RGI, más de 60.000 personas serían extremadamente pobres en Euskadi. Esta prestación ha jugado un papel fundamental durante los peores años de la crisis. Sin ella, la tasa de pobreza se situaría en el 8%, frente al 5,1%. Aun siendo un colchón vital, el informe revela del mismo modo que un total de 39.986 perceptores de esta prestación no han conseguido salir de su situación de pobreza extrema, que ha acabado por cronificarse con el paso de los años. Aun siendo compleja la situación de estas familias, su precariedad prácticamente se habría duplicado, según concluye el estudio.

Son datos que se desprenden del informe Pobreza y desigualdad en Euskadi: el papel de la RGI. El documento evidencia un impacto asimétrico de la prestación en la reducción de las situaciones más desfavorables. Es decir, se revela como tabla de salvación para las unidades convivenciales más pequeñas o con algún pensionista, pero las familias más extensas –donde generalmente viven menores–, no logran salir de la pobreza a pesar recibir la ayuda. En ese sentido, el informe recomienda alinear su diseño con los criterios internacionales de tal forma que exista una gradual redistribución de la RGI hacia los hogares más numerosos, lo que paliaría la pobreza infantil.

Herramienta pionera

Esta herramienta paliativa para economías familiares maltrechas es la primera que entró en vigor –en 1989– en el conjunto de las comunidades autónomas, y la que mayores ingresos procura: una media por persona de 689,93 euros y un máximo de 1.075. Actualmente la reciben algo más de 52.000 perceptores, aunque todo parece indicar que el número de demandantes se disparará debido a la actual parálisis económica, invirtiendo así la tendencia marcada en los últimos años, con un progresivo descenso en la solicitud de ayudas.

El número de titulares se situó al cierre de febrero en 52.240 perceptores, 2.344 menos que en febrero de 2019 y 14.133 menos que el récord, registrado en mayo de 2015, cuando se contabilizaron 66.373.

Esta prestación, cuya reforma normativa sigue pendiente, vuelve a estar en el debate público porque el Gobierno español todavía no ha aclarado cómo se armonizará con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), anunciado para paliar la adversa coyuntura que se avecina. En buena medida, la prestación que el Ejecutivo español quiere poner en marcha este mes, y que tendrá gran trascendencia ya que beneficiará a un millón de hogares habitados por tres millones de personas, se inspira en el modelo vasco.

El informe revela que Gipuzkoa se consolida en el conjunto de Euskadi como el territorio con menor incidencia de la pobreza.

En 2018 se encontraban un total de 97.521 personas viviendo o en riesgo de caer en ella. Es decir, un 13,6%, la cifra más baja registrada en el País Vasco. Los casos de extrema necesidad también se sitúan por debajo de los que ofrecen el resto de territorios vascos. En esta situación se encuentra, según el estudio, un 3,6% de la población guipuzcoana, es decir, 25.503 habitantes.

Ampliando el foco y tomando como referencia el transcurso de la última década, en Gipuzkoa también se constata un aumento de la tasa de pobreza entre 2008 y 2018. En el inicio de la crisis económica prácticamente uno de cada diez guipuzcoanos estaba en riesgo de caer en ella. Ese porcentaje alcanzó su techo en 2014, con un 16,2%.

En una situación todavía más asfixiante, es decir, en situación de extrema pobreza vivía en 2008 el 2% de la población. Supone un total de 4.000 personas que se elevan hasta las 10.000 en el transcurso de la última década, arrojando una tasa del 3,6%. Es sustancialmente menor a la de Bizkaia (6% de sus habitantes viviendo en extrema pobreza), y Araba, con un 5,4%.

Preocupante escenario

El informe refleja una preocupante realidad que en la actual coyuntura provocada por la pandemia no hará sino reforzarse. Durante los últimos años en los que el contexto socioeconómico era cada vez más halagüeño con una creciente recuperación, los datos e índices del estudio ponen de manifiesto que la incidencia de la pobreza es todavía notablemente superior a los niveles previos a la crisis.

La razón por la cual la RGI no erradica totalmente la pobreza extrema obedece a diferentes motivos, uno de los cuales es que esta ayuda no está alineada con las definiciones de pobreza internacionales. De este modo, hay familias que a pesar de recibir la prestación no han conseguido subirse al carro de la recuperación porque sus ingresos siguen siendo claramente insuficientes. “Esto ocurre porque el actual diseño de la RGI no es completamente equitativo por tipo de unidad de convivencia, y las unidades más grandes salen peor paradas que las más pequeñas”. Como consecuencia, según el estudio, estas quedan por debajo del umbral de la extrema pobreza, incluso siendo perceptoras de RGI. Ante esta situación, el documento propone una alineación de los criterios establecidos con los estándares internacionales de pobreza.